¿Convertir obras de arte en NFTs supone una modificación que afecta a los derechos de autor?

Sentencia sobre obras de artes y NFTs
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El pasado 21 de octubre de 2022 se dictó un auto histórico en España en el marco de un proceso de infracción de derechos de propiedad intelectual, estimando por primera vez un Juzgado medidas cautelares acordando el depósito en Juzgado de los NFTs (token no fungibles) creados por la demandada, con el objetivo de que quedasen bajo custodia del Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado correspondiente hasta que tuviese lugar una resolución firme en el procedimiento, tal y como comentaban Ricardo Oliva y Elena Almazán.

A inicios de este mismo año, el 11 de enero el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona (teniendo como ponente a la Magistrada-juez Montserrat Morera Ransanz) dictaba sentencia sobre dicho asunto.

1. ANTECEDENTES DE HECHO. ¿QUÉ HA OCURRIDO?

El día 29 de julio de 2022 VEGAP (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos) interpone una demanda de juicio ordinario contra la demandada (Punto FA, S.L.) en ejercicio de una acción declarativa de infracción de derechos de propiedad intelectual y de las acciones de cesación y de indemnización que están previstas en los artículos 138 a 140 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, solicitándose que se declare que la demandada infringe los derechos patrimoniales y morales que D. Gabino, D. Genaro y D. Gregorio (son los nombres fiticios que usa la sentencia para referirse a los artistas Antoni Tàpies, Joan Miró y Miquel Barceló) poseen sobre cinco obras que Punto FA (más conocida como Grupo Mango) ha utilizado sin consentimiento ni autorización de los autores, pidiendo que se le condene por ello a dejar de utilizar estas, así como una indemnización de los daños patrimoniales y morales causados (solicitando 875.000 euros por los daños patrimoniales, 500.000€ por los daños morales y 380,21 por gastos de investigación), además de hacer pública la sentencia.

Todo comienza con la inauguración de una tienda de Mango en la Quinta Avenida de Nueva York, donde Punta NA, S.A. cede de forma temporal a Punto FA, S.L. (demandada) las obras para que estas sean expuestas durante la inauguración, exponiéndose junto a unas nuevas obras digitales que la demandada había pedido que realizasen una serie de criptoartistas para que, a partir de las obras originales, creasen unas obras nuevas que fusionasen el arte, la moda y la cultura mediterránea. Sin embargo, para realizarlas, no se solicitó permiso a los autores de las obras plásticas, ni a sus derechohabientes[1], ni a VEGAP (aquí demandante).

Durante la inauguración, se expusieron las obras originales junto a las obras digitales, llevándose a cabo de manera simultánea en las tres dimensiones:

De forma física (1) en la tienda de la Quinta Avenida. De forma digital (2) en la plataforma Opensea y de forma virtual (3) en el metaverso Decentreland, sincronizándose los tres eventos. La inauguración física tuvo una duración de 11 días, al igual que en el metaverso. La visualización en la plataforma digital tuvo una duración de 37 días.

VEGAP (la demandante) alega que la demandada utilizó sin la autorización correspondiente a través de los tokens no fungibles (en adelante NFTs) y de publicaciones en distintas plataformas digitales y redes sociales, incluyendo el metaverso y la plataforma digital antes mencionada, Opensea, así como la tienda física de Nueva York, las obras de D. Gregorio, D. Gabino y D. Genaro infringiendo los derechos patrimoniales (de reproducción, transformación y comunicación pública) y morales (integridad y divulgación) recogidos en el Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante LPI).

El punto controvertido sobre el cual la Magistrada se ha de pronunciar se centra en determinar hasta dónde alcanzan los derechos del Grupo Mango (también nombrado en la sentencia como Punto FA) respecto a su titularidad de los cuadros originales. Es decir, determinar si convertir una obra de arte en un NFT puede ser considerado como una modificación de la obra que pueda afectar a los derechos de autor o si, por el contrario, la titularidad sobre una obra física permite transformarla libremente en un NFT, habiendo obtenido así el Grupo Mango el derecho absoluto de disfrute y explotación de cualquier manera sin la necesidad de una autorización por parte de los autores.

2. FUNDAMENTOS DE DERECHO – CUESTIÓN CONTROVERTIDA

Los derechos de propiedad intelectual que se considera infringidos en este caso son los derechos morales de integridad y divulgación, y los derechos patrimoniales de reproducción, transformación y comunicación pública, reconocidos a los autores en los artículos 14 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Cabe destacar, que el derecho de transformación de la obra excluye tanto el derecho a la reproducción como el derecho a la integridad de la obra. Esto se debe al hecho de que, si existe reproducción, no puede decirse que hay una transformación y viceversa. Para el caso que se nos presenta, se le reprocha a la demandada el haber creado una obra nueva a partir de las obras ya existentes, es por ello que, nos encontramos ante una transformación y no una reproducción de las obras, al haber sido las obras originales alteradas por criptoartistas para la creación de obras nuevas, distintas a las originarias y dotándolas de originalidad.

De hecho, esta es la definición de transformación que contiene el art 21 LPI, donde se establece que “La transformación de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente”. Pudiendo concluir, por tanto, que nos encontramos ante un claro caso de transformación y no de reproducción, no habiendo por tanto ningún tipo de derecho patrimonial al respecto puesto que, no existe un derecho que no se haya podido lesionar al no haber reproducción.

Además, por este mismo hecho en el que la demandada creó obras nuevas distintas a las originales, no puede haber pronunciamiento alguno acerca del derecho moral a la integridad de la obra debido a que el derecho moral a la integridad de la obra excluye el derecho patrimonial a la transformación de la obra, puesto que el primer derecho recae sobre aquella obra que haya sido deformada o alterada pero que no acabe siendo una obra nueva, que es lo que sucede en este caso. Respecto al derecho patrimonial, este recae sobre la obra nueva que ha sido creada partiendo de otra obra original pero terminando en una obra distinta que posee una originalidad propia, como ha sucedido en este caso, excluyendo así la aplicación de este derecho.

Habiendo descartado por tanto la Magistrada de inicio estos dos derechos que se solicitaban, el caso se queda en dar solución al derecho de divulgación, comunicación pública y transformación de la obra que tienen los titulares de los derechos de propiedad intelectual (como son en este caso D. Gabino, D. Gregorio y D. Genaro) y, por otra parte, el derecho de exhibición pública que posee el propietario del soporte de la obra física existente.

Para el caso de las obras plásticas, el conflicto posee cierta dificultad debido a que se puede encontrar una confusión entre la creación intelectual con el soporte físico, especialmente cuando tienen propietarios distintos como es el presente caso, debiendo ser resuelto teniendo en cuenta el uso que ha hecho la demandada de las obras tanto en el mundo físico, como en el digital y virtual (metaverso). Además, aunque el metaverso no se halle dentro del listado de obras protegidas por la LPI, acudiremos a su régimen general de protección.

De hecho, el metaverso puede albergar todas las obras que aparecen en el artículo 10 LPI, pudiendo encontrar desde obras literarias hasta composiciones musicales, encontrando incluso obras arquitectónicas, coreografías o fotografías entre otros. Es por ello que, a pesar de que la existencia del metaverso implique la posibilidad de llevar a cabo la explotación de derechos de propiedad intelectual a través de nuevas modalidades que no están previstas en nuestra ley, la infracción de esos derechos se regirá por nuestro régimen jurídico actual aplicándose de la misma manera.

3. NFTs Y DERECHO MORAL A LA DIVULGACIÓN DE LA OBRA

En primer lugar, encontramos en el conflicto los derechos morales a la divulgación de la obra, los cuales no afectarán a D. Gregorio pues cuando dicho autor falleció todavía no era aplicable la actual LPI, sino la LPI de 1879, donde no se reconocía los derechos morales del autor ni el derecho patrimonial a la transformación de la obra.

El artículo 14.1 LPI atribuye al autor el derecho a decidir si su obra ha de ser divulgada y de qué forma. De la misma manera, el artículo 4 de esta misma ley define divulgación como “toda expresión de la obra que, con el consentimiento del autor, la haga accesible por primera vez al público de cualquier forma”.

La interpretación del artículo ha de hacerse de manera literal. Como podemos leer, el derecho moral a la divulgación se agota tras la primera exhibición al público. Las cinco obras a las que alude el caso, fueron exhibidas por primera vez entre los años 1970 y 1991, tiempo antes de ser adquiridas por parte de Punta NA, S.A., habiéndose agotado por tanto el derecho moral de los autores.

Pero, aun así, y profundizando un poco más, incluso en el caso de que la obra no hubiese sido divulgada por primera vez por los autores, el artículo 56.2 LPI establece que tampoco habría sido necesaria la autorización pues se trata de obras plásticas que han sido transmitidas a un tercero, teniendo este derecho a la exposición pública de la obra, aunque no haya sido divulgada.

Por tanto, en ningún caso se vulneró el derecho moral de los autores a la divulgación de la obra.

4.  NFTs Y DERECHO PATRIMONIAL A LA COMUNICACIÓN PÚBLICA

Es probado el hecho de que la demandada realizó una comunicación pública de la obra, tanto de las originales como de las que fueron creadas a partir de estas al ser expuestas ante un número indeterminado de personas en el mundo físico, digital y virtual. A este hecho se debe la aplicación del artículo 20 LPI que define la comunicación pública como “el acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares”, concretando además en su apartado segundo como actos que tienen la consideración de comunicación pública “la exposición pública de obras de arte o sus reproducciones”.

Sin embargo, cuando a una persona se le transmite el soporte material de una obra plástica o fotográfica, como ha sucedido por parte de Punto NA S.A. al adquirir estas cinco obras, el propietario posee el derecho de exposición pública de la obra salvo que el autor hubiera excluido expresamente este derecho en el acto de enajenación o cuando esta exposición pueda dañar de alguna manera el honor o reputación profesional del autor.

Nada consta en el contrato de compraventa acerca de la prohibición de la exposición de las obras por parte de los autores, y además tampoco se perjudica su honor, de hecho, se les da repercusión en el evento dando exposición pública a las obras a través de tres entornos distintos (físico, digital y metaverso).

En definitiva, no se ha vulnerado el derecho patrimonial a la comunicación pública de los autores al no ser necesario su consentimiento para la exposición y tampoco dañarse su honor ni reputación profesional.

5. NFTs Y DERECHO PATRIMONIAL A LA TRANSFORMACIÓN DE LA OBRA

En cuanto al derecho patrimonial a la transformación de la obra, no afecta a D. Gregorio. Respecto al resto de autores, la aplicación del artículo 21 LPI establece la obligación de la demandada de haber obtenido autorización de los tres autores de las cinco obras.

De cara a establecer el alcance y contenido de los derechos de propiedad intelectual, la legislación establece una serie de límites temporales y materiales, habiendo que examinar los límites materiales en este caso con relación al derecho de transformación.

Estos límites lo que hacen es restringir por así decirlo la plena soberanía que posee el autor de la obra (autor intelectual). Es la ley a través del art 31 LPI, la que enuncia los límites y establece sus requisitos. Fuera de estos preceptos enunciados en este artículo, no hay más límites.

En principio, el juez no puede crear límites nuevos, ni tampoco dispone de una norma abierta (una norma que no posee límites determinados). Es por ello, que aquí hay que mencionar la aparición de la denominada cláusula de “fair use” (en los EE.UU.) que permite decidir a los jueces si el uso no autorizado que se ha hecho de una obra es justo o no. Esta cláusula a pesar de no ser propia de España, se suele utilizar para los casos de Copyright.

La demandada hace referencia al derecho de uso inocuo y a esta cláusula de “fair use” a la hora de defender su postura sobre la utilización sin permiso de las obras. Teniendo en cuenta la aplicación de esta doctrina a través de la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de abril 2012 (Caso Google), la Magistrada decide aplicarla también para este caso.

En primer lugar, habrá que atender al propósito y carácter del uso. La exposición de las obras no tuvo ningún fin comercial, el poner a disposición del público las obras originales, así como los archivos digitales que fueron creados por los criptoartistas fue para la exposición de estas en la tienda física y para su visualización en la plataforma Opensea y el metaverso Decentreland, careciendo de fines comerciales, razón por la cual no se convirtieron en NFTs, de forma que así no se pueden transmitir, descargar ni reproducir. Además, cabe destacar que los archivos digitales nunca se comercializaron, ni se obtuvo ningún tipo de beneficio económico por su exposición, sino que más bien se soportó el coste que deriva de la creación de los mismos y su exposición.

En segundo lugar, encontramos la naturaleza de la obra protegida por los derechos de autor. En todo momento, se hizo referencia y se dio reconocimiento a los autores, además también se respetó la naturaleza de la obra, dando a conocer las mismas al público que asistió a la inauguración. Destacar además, que estas fueran usadas íntegramente y no solo una parte.

Por último, es importante analizar qué efecto tuvo la exposición de estas obras sobre el mercado y ver si el uso sin licencia pudo perjudicar de alguna manera el mercado presente o futuro para la obra del propietario de los derechos de autor.

Hay que recalcar el hecho de que Punto NA pagó un precio por la adquisición de estas obras, y que además desde el punto de vista digital las obras nunca han sido comercializadas, ya que el motivo de la exposición de las mismas no era con el fin de que fuesen objeto de compraventa. No debe olvidarse que la demandada no obtuvo ningún beneficio económico por la exposición de las obras.

6. FALLO Y CONCLUSIÓN

En definitiva, y llevando cabo el análisis de estos factores utilizados por parte de la doctrina del “fair use”, la demandada hace un uso legítimo y justo de las cinco obras a pesar de no contar con la autorización de los autores. Es por ello, que la Magistrada considera que la demandada no ha realizado ningún uso que pueda infringir los derechos de autor de las obras, DESESTIMANDO así la demanda interpuesta por Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos contra Punta Fa, S.L. y absolviendo así a Punta Fa S.L. de todas las pretensiones que han sido ejercitadas contra ella, condenando además al pago de las costas a la demandante.

Este caso demuestra que cada vez es más importante tener cerca buenos abogados especializados en blockchain – criptoactivos a fin de que puedas recibir el asesoramiento legal que necesitas en la defensa de tus derechos de propiedad intelectual.

Artículo de autoría de Jorge Ruiz Victoria. Revisado por Ricardo Oliva León.

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[1] Personas que tienen un derecho derivado de otras, un ejemplo podría ser un heredero o el beneficiario de una póliza de seguros.
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